La Federación de Madres y Padres Separados piden la custodia compartida en el Parlamento

La Junta Directiva propone ayudas y desgravaciones a las familias tras el divorcio y la creación de protocolos en las administraciones

Miembros de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres Separados -con sede en El Ejido- se reunieron el pasado miércoles en el Parlamento Andaluz con los portavoces de las comisiones de Igualdad y Bienestar Social y de Justicia, tanto del PP como del PSOE.

El encuentro se celebró tras la aprobación de la Ley de Mediación Familiar y en sendas reuniones se puso encima de la mesa los datos sobre la creciente contenciosidad que envuelve a las rupturas de pareja desde que entró en vigo la ley de divorcio del año 2005. Esta Federación apuntó que en la comunidad andaluza, la contenciosidad supera en casi diez puntos al resto de España.

Por ello, insistieron en que entre las distintas causas que han generado esta conflictividad en las disoluciones matrimoniales destacan «las múltiples trabas que la actual legislación» para otorgar la custodia compartida.

En esta línea, los miembros de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Separados entregaron varios estudios psicológicos que fueron entregados a los responsables de ambas comisiones y que demuestran que «esta es la mejor fórmula para salvaguardar el interés superior del menor». En este mismo sentido, incidieron en le perjuicio que supon el impedimento expreso de otorgar la custodia compartida cuando existen indicios de malos tratos, y no sentencias condenatorias. A su juicio, esta situación estaría provocando muchas denuncias falsas «que están penalizando los divorcios y provocando consecuencias devastadoras sobre los menores y sobre los adultos falsamente denunciados» además del «grave perjuicio para las mujeres que verdaderamente sufren maltrato». En este contexto, la federación insistió en que el sistema actual contribuye a mantener el modelo de sociedad patriarcal y machista, potenciando la dependencia económica de la mujer respecto del hombre, asignándole el rol exclusivo y excluyente del cuidado de los hijos impidiendo de este modo su incorporación plena al mercado laboral, mientras que el padre queda fuera del mapa afectivo familiar, «con graves secuelas psicológicas derivadas de esta exclusión al tiempo que asume prácticamente la totalidad de la carga económica».

Las propuestas que realizaron fueron el establecimiento de la custodia compartida como escenario preferente; el impulso institucional, desarrollo y subvención de programas de mediación familiar gratuita en cada partido judicial; la creación de protocolos en las distintas administraciones que contemplen todos los tipos de familia y garanticen el ejercicio del derecho y obligación de la patria potestad compartida y desgravaciones fiscales y ayudas sociales para las familias posdivorcio.