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Víctimas de errores judiciales denunciarán a dos magistrados de la audiencia provincial de madrid ante el cgpj

martes, 24 de febrero de 2009

MADRID, 13 (SERVIMEDIA) La Agrupación Víctimas de Errores y Negligencias Judiciales anunció hoy que presentarán sendas denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial, contra los magistrados de la Sección 22 y 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, por ignorancia inexcusable de la ley, por retraso injustificado en las sentencias, por negligencias en las sentencias y por "prevaricación culposa". 

Tanto esta asociación cómo la de Abuelos Separados de sus Nietos denunciaron hoy, en una rueda de prensa en Madrid, que los magistrados de estas dos secciones de la Audiencia Provincial "no han concedido ni una sola custodia compartida", de las 750 que existen sobre apelaciones en materia de atribución de custodia de menores, desde que se modificó la ley de divorcio en el año 2005. 

El portavoz de la Agrupación de Víctimas de errores judiciales, Manuel Oliete, explicó que estos jueces están "incumpliendo gravemente" sus obligaciones cómo funcionarios públicos, están poniendo en "peligro" a los menores y están "destrozando" a las familias. 

La Agrupación de Víctimas de Errores Judiciales presentó hoy un estudio, coordinado por el abogado Javier María Pérez- Roldán y en el que han participado magistrados y juristas, que avala sus denuncias. 

Según los datos de este informe, de los 265 casos que se han analizado sobre petición de custodia compartida, desde septiembre de 2005 hasta septiembre de 2008, la Audiencia no ha concedido ninguna custodia compartida a petición de uno solo de los cónyuges por vía de apelación. 

Además, las citadas secciones de la Audiencia Provincial rechazaron las custodias compartidas otorgadas en primera instancia, por los jueces de instrucción, y en un porcentaje cercano al 90 por ciento de los divorcios, la custodia exclusiva ha sido atribuida a la madre. 

DISCRIMINACIÓN El estudio analiza el "modus operandi" de los magistrados, desde el punto de vista jurídico, y concluye que la Audiencia revela prejuicios ideológicos contra el sistema de custodia compartida. 

Asimismo, los autores del estudio aprecian otras irregularidades en la actuación de los jueces como: "discriminación sexista" porque no consideran a los hombres preparados para el cuidado de los hijos; discriminación "inconstitucional" contra la infancia; retrasos sistemáticos en las resoluciones, porque tardan una media de 315 días en dictar sentencia. 

También acusan a los jueces de "inaplicación o ignorancia inexcusable del derecho vigente" y de instrumentalizar la prueba del informe psicosocial, de la exploración judicial de los menores y de la intervención del ministerio fiscal. 

A través de las resoluciones judiciales, el estudio verifica que el magistrado invoca como prueba científica e independiente los informes del psicólogo, el forense o el fiscal para otorgar a la madre la custodia, cuando éstos son proclives, y prescinde de los informes cuando recomiendan éstos la custodia compartida. 

Oliete criticó también la actual movilización de los jueces, qué desembocará en una huelga la próxima semana, para reclamar más medios pero, a su juicio, esa demanda no se corresponde con su trabajo porque ellos no están "respondiendo a la realidad social de los ciudadanos, a los que deben servir". 

(SERVIMEDIA) 13-FEB-2009 MSC/isp

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